El Presidente entrante, Iván Duque, deberá asumir a partir de mañana grandes retos para la Costa Caribe.

Se trata de asuntos de gran trascendencia para el desarrollo regional. Algunos de ellos en marcha y en otros aun en el papel, a la espera de importantes decisiones por parte del Gobierno Nacional.

En cualquiera de los casos, los temas requieren de la voluntad presidencial para convertirlos en realidad.

Indudablemente que la máxima prioridad la tendría el relacionado con el servicio de energía. Es decir, la implementación de un nuevo operador que se encargue de la distribución y comercialización del servicio, tras la intervención de la empresa Electricaribe. Para ello una banca de inversión ha estudiado varios modelos a seguir.

De acuerdo con el Agente Interventor Javier Lastra Fuscaldo, la empresa requeriría de una inversión de $7,1 billones para mejorar el servicio en los próximos 10 años. De esa cifra, el 55% ($3,9 billones) sería destinado para inversión en redes; el 22% ($1,5 billones) para la medición inteligente; el 18% ($1,2 billones) para gestión de pérdidas y el 5% restante ($355 mil millones) para otras inversiones.

Así las cosas, el nuevo operador (u operadores según la decisión que se adopte) deberá contar con un fuerte músculo financiero para asumir las inversiones que se necesitan.

En concreto, podrán participar empresas con un patrimonio  no inferior a US$500 millones, que hayan manejado por lo menos 600 mil usuarios en los últimos tres años y con experiencia en la distribución y comercialización de energía y gas natural, entre otros.

APP del Río Magdalena

Igualmente, el Presidente entrante deberá decidir sobre la nueva Alianza Público Privada (APP) para mejorar las condiciones de navegabilidad en el Río Magdalena.

Tras el escándalo Odebrecht, firma con la cual inicialmente se hizo la contratación, su su aliada Valorcon de Barranquilla, el Gobierno saliente dilató cualquier solución para darle continuidad al ambicioso proyecto.

En palabras de los dirigentes gremiales, con ello lo que hizo el Gobierno Santos, con su Ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas Santamaría, fue una típica ‘bailada de indio’.

El valor del megaproyecto está calculado en 2 billones 275.489 millones 298 mil 13 pesos, con lo cual el contratista se responsabiliza de la recuperación y mantenimiento 908 kilómetros de canal navegable en los tramos Barranquilla - La Gloria (457 kms), La Gloria - Barrancabermeja (195 kms), Barrancabermeja - Puerto Berrío (100 kms) y Puerto Berrío - Puerto Salgar (156 kms).

Adicionalmente, debe garantizar el dragado para permanente navegación en el canal de acceso al puerto de Barranquilla.

Terminación del puente y demolición del actual

De la misma forma, el Presidente Iván Duque y su equipo de colaboradores deberán asegurar los recursos para la terminación del nuevo Puente Pumarejo.

Esta obra fue contratada por un valor de $649.000 millones de pesos con el consorcio integrado por Esgamo Ingeniería Constructores (30%), Sacyr Chile S.A. sucursal Colombia (30%) y Sacyr Construcción Colombia (40%).

El plazo inicial de entrega venció en el mes de mayo, por lo cual fue prorrogado hasta el próximo año.

Además, el nuevo Gobierno deberá asegurar los recursos para la demolición del actual Puente Pumarejo, ya que presupuestalmente no se cuenta con asignaciones para tal fin.

Erosión en la vía a Ciénaga

En materia vial al nuevo Gobierno le corresponderá tomar decisiones y arbitrar recursos para solucionar los graves problemas de erosión que se registran en la carretera Ciénaga - Barranquilla, principalmente en el kilómetro 19.

Allí, de manera paulatina y peligrosa, el mar ha ganado terreno de tal forma que amenaza la vía, con graves consecuencias para la conectividad no solo entre los departamentos de Atlántico, Magdalena, La Guajira y Cesar, sino también con el interior del país.

La decisión para estas obras también quedó aplazada por parte del Gobierno a punto de salir.

Vía de la Prosperidad

Otro proyecto de alcance regional sobre el que deberá decidir el nuevo Gobierno es el relacionado con la denominada Vía de la Prosperidad, en el departamento del Magdalena.

Este proyecto ha estado rodeado de toda clase de situaciones.

Inexplicablemente, el proyecto inicial de 52 kilómetros quedó reducido a un tramo de 19 kilómetros (Palermo - Sitionuevo). Así, los restantes 33 kilómetros (Remolino - Salamina) quedaron sin financiación.

Por el hecho de que el trayecto quedó disminuido a la tercera parte, jocosamente ahora se le denomina la ‘Trocha de la Prosperidad’.

Debido a los desaciertos, falta de planificación y un cúmulo de irregularidades, la Contraloría General de la Nación estableció un presunto detrimento patrimonial por $32.616 millones.

Así las cosas, el Presidente Duque tendrá que tomar importantes decisiones para evitar que los citados megaproyectos no se conviertan en ‘elefantes blancos’.